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Los teléfonos de atención al cliente ya no podrán tener precios abusivos: adiós al 902

Adiós a las llamadas 902: los servicios de atención al cliente ya no podrán cobrar precios abusivos.

Los números 902 para atender al cliente son ilegales según el Tribunal Europeo de Justicia

Última actualización el 23/12/2020 a las 11:00

El momento que muchos españoles estaban esperando desde que la medida se anunció hace semanas, al fin se ha hecho realidad: el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha hecho oficial la prohibición del uso de los números de teléfono con prefijo 902 en las líneas de atención al cliente, por considerarse una práctica abusiva sobre un derecho básico.

La medida ha sido publicada en el BOE del día 23 de diciembre como una modificación de los artículos 21 y 49 de de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y se especifica que las líneas de atención al cliente no podrán suponer un coste superior al de una llamada telefónica fija “normal” de cara al consumidor.

Llamada de teléfono

Una llamada de teléfono con un móvil Android.

Las llamadas a números de atención al cliente tendrán el coste de una llamada normal

Según datos compartidos por Público, las líneas de tarificación especial que utilizan el prefijo 902 llegaron a facturar más de 170 millones de euros en el año 2016, y acabaron descendiendo a 98,2 millones de facturación en 2019. Así, entre 2015 y 2019, el uso de este tipo de servicios telefónicos costó 711 millones de euros a los consumidores.

El Ministerio de Consumo quiere acabar con este negocio a base una medida que entra en vigor este mismo miércoles día 23 de diciembre, por la cual las empresas –ya sean públicas o privadas, si bien no afectará a los servicios públicos– estarán obligadas a utilizar líneas de tarifa básica en caso de que comercialicen o produzcan bienes o servicios de primera necesidad.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que las posibles sanciones que se produzcan al desobedecer esta medida quedan en manos de las Comunidades Autónomas, pues en ellas recaen la mayoría de competencias en materia de Consumo.

Así pues, en la mayoría de casos, las llamadas a servicios de atención al cliente deberán ser gratuitas para los consumidores, o bien tener un precio no superior al de una llamada fija convencional.

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