Sigue el culebrón en México: el Gobierno pide a Samsung que no bloquee teléfonos importados ilegalmente
El Gobierno mexicano ha decidido tomar partido por los usuarios de su país frente a los planes de los fabricantes de empezar a bloquear teléfonos obtenidos en el mercado gris.

Puede que recordéis cuando, hace unos días, publicamos una noticia hablando del llamado "mercado gris" en México, que está provocando que fabricantes como Samsung esten bloqueando teléfonos comprados en el territorio. Además de los coreanos, Motorola y ZTE también habrían empezado a hacerlo.
Esto se debe a que en el país norteamericano se pueden comprar teléfonos importados ilegalmente. Es decir: un distribuidor no oficial se hace con, pongamos, un cargamento de Samsung Galaxy S23 Ultra. Este distribuidor no tiene por qué vender los terminales según las directrices del fabricante, por lo que fija el precio más bajo de lo que lo harían los canales legales. Obviamente, esto no es del gusto de las marcas y por esa razón se bloquean teléfonos.
El Gobierno mexicano entra en escena
Ahora que ya tienes contexto, podemos hablar de la noticia publicada en SAMMobile según la cual el Gobierno de Mexico ha pedido a las marcas que no bloqueen teléfonos comprados en el mercado gris a través de una nota de prensa. Las razones no son otras que evitar que los ciudadanos se queden sin acceso a sus teléfonos después de haber gastado dinero en ellos.
El Gobierno mexicano ha pedido a Samsung y a los demás fabricantes que formen un grupo de trabajo con agencias, marcas y otros actores en el que se puedan identificar y tomar las medidas adecuadas para el desafío que supone el mercado gris. Al mismo tiempo, se deben salvaguardar los derechos de los usuarios.
La Procuraduría Federal del Consumidor mexicana (PROFECO) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones del país (IFT) pondrán en marcha campañas de concienciación para explicar a los usuarios por qué puede ser un problema comprar teléfonos importados fuera de los canales oficiales.
El mercado gris mexicano supone un problema para los fabricantes, ya que al menos uno de cada cinco teléfonos vendidos en el país procede de estos distribuidores no oficiales. No hay registros oficiales de cuántos de estos teléfonos se usan a diario en México.