El Gobierno quiere controlar el despliegue del 5G en España "a lo Trump"
Por ahora es sólo un Anteproyecto de Ley, pero tenemos la sensación de que al Gobierno de España por fin le empieza a preocupar un poco esta conectividad 5G que promete revolucionar nuestras ciudades y nuestra forma de vida.
Es casi 2021 y muchos todavía se preguntan qué demonios es eso del 5G y por qué preocupa tanto a los gobiernos, aunque lo cierto es que los móviles con conectividad 5G no han hecho más que arrancar en un escenario de promesas y por ahora realidades a medias.
Lo cierto es que nuestra experiencia utilizando un móvil 5G allá por el año 2019 no ha variado demasiado con lo que nos ofrecen las operadoras de móvil en estos días, con una conectividad 5G non-standalone que funciona sobre hardware de red LTE 4G, mejorando velocidades y latencia pero muy lejos de los niveles prometidos.
En todo caso no nos equivoquemos, porque las redes 5G han llegado para revolucionar nuestra forma de vida alcanzando niveles de calidad similares al de las conexiones fijas de fibra óptica, mejorando la capacidad de las redes y permitiendo así conectar infinidad de dispositivos y cosas para convertir nuestras ciudades en inteligentes, nuestros coches en autónomos y nuestros hogares en casas digitales.
Quizás por ello se entiende mejor la preocupación de los Gobiernos de medio mundo con la evolución de este tipo de redes y del hardware que las controlará, algo que en España nos anticipaban los compañeros de bandaancha.eu presentándonos el Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G que el ejecutivo español está cocinando todavía.
Desde el Gobierno de España planean asegurarse el control del 5G: se abrirá la posibilidad de hacer inspecciones, se manejarán perfiles de riesgo para dispositivos y fabricantes y ya se estudian posibles sanciones
El nuevo anteproyecto de Ley que preparan desde Moncloa tiene ciertos parecidos razonables con las reticencias de Donald Trump y el veto a Huawei de la administración norteamericana, y convertiría también al 5G en un asunto de seguridad nacional en España, otorgando capacidades especiales de control al Gobierno.
De hecho, en el texto se contempla la posibilidad de realizar inspecciones de forma unilateral sobre instalaciones y dispositivos 5G, incluyendo electrónica de red y cualquier tipo de hardware, para comprobar que no se utilizan fabricantes con perfil de riesgo elevado por sus relaciones con mercados o gobiernos de otros países.
Al esperarse una conectividad casi global gracias al 5G y un sinfín de dispositivos conectados "hablándose" incluso entre sí sin intervención humana, se hace necesario estudiar la protección de la red ante problemas de ciberseguridad que puedan comprometer datos o comunicaciones en territorio nacional, teniendo en cuenta sobre todo la escalada de ataques informáticos que últimamente se están viendo contra todo tipo de personas, entidades e incluso grandes corporaciones.
Así ilustra el Gobierno el nuevo Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G.
Así funcionarían los perfiles de riesgo, y estas son las millonarias sanciones que se estudian
La idea del Gobierno de España es evitar que las operadoras que trabajan en nuestro país dependan de uno o más fabricantes en exclusiva, por lo que se investigará a las empresas para crear una base de datos con perfiles de riesgo que haga posible realizar un control exhaustivo, pudiendo incluso prohibir la instalación y utilización de componentes fabricados por compañías calificadas con alto riesgo.
Esta calificación de riesgos se obtendría estudiando no sólo la propia empresa tras las marcas de hardware, sino su consejo de administración y accionistas, además sus relaciones con otros gobiernos y las "características del régimen político y de su política de ciberdefensa" en su país de origen.
Además, las operadoras tendrán que presentar con periodicidad bienal un informe de seguridad de su red, reportando todos los detalles acerca del core de la propia red, las capas de radio y transporte además de detalles sobre el tráfico hacia Internet, siendo también responsables de registrar al personal con acceso a la red y las restricciones sobre los equipos y software que podrán utilizar.
Se podrían solicitar auditorías externas que validasen que cierta compañía u operadora no es un riesgo, investigaciones que serían obligatorias para continuar trabajando, y también podrá exigirse una certificación a las empresas que quieran vender en nuestro país equipamiento y dispositivos con conectividad 5G.
Las sanciones para cualquiera que incumpla y ponga en peligro la seguridad nacional serán bastante disuasorias, y es que se barajan cifras entre los 50.000 y los 20 millones de euros dependiendo de cada caso entre sanciones leves y graves... ¡Van a tener que pensárselo mejor 'hackers', empresas y otros usuarios malintencionados a la hora poner en peligro nuestro datos!
Más información | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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