OpenAI desata polémica tras sugerir apoyo estatal para financiar su infraestructura

En una semana marcada por la tensión entre ambición tecnológica y límites financieros, OpenAI se ha visto obligada a matizar unas declaraciones que desataron una intensa polémica pública. La directora financiera de la compañía, Sarah Friar, planteó durante un evento organizado por The Wall Street Journal la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos respaldara sus préstamos de infraestructura, una especie de garantía estatal para abaratar costes. Sin embargo, tras la reacción adversa tanto de la opinión pública como de figuras influyentes del sector, la ejecutiva rectificó horas después, aclarando que la empresa “no busca un rescate gubernamental”.

Una propuesta que levantó ampollas en Silicon Valley

La controversia comenzó cuando Friar, hablando sobre los 1,4 billones de dólares en compromisos de gasto que OpenAI ha acumulado este año para construir centros de datos y asegurar el suministro de chips avanzados, afirmó que un “backstop” o garantía estatal podría ser una solución práctica para reducir el coste de la financiación. En sus palabras, una medida de este tipo “permitiría incrementar la deuda sobre el valor del capital y reducir el riesgo financiero”.

Un préstamo respaldado por el gobierno implica que, en caso de impago, serían los contribuyentes quienes asumirían las pérdidas. Aunque Friar lo presentó como un mecanismo para facilitar la innovación estratégica nacional, aludiendo a que la inteligencia artificial es un “activo de interés nacional” para Estados Unidos, la idea no tardó en ser interpretada como un intento de trasladar el riesgo empresarial al erario público.

La polémica se amplificó cuando el fragmento de su intervención se difundió en redes sociales, provocando una oleada de críticas. Horas más tarde, Friar publicó en LinkedIn una rectificación: “Quiero aclarar mis comentarios. OpenAI no está buscando un respaldo gubernamental para sus compromisos de infraestructura. Usé la palabra ‘backstop’ y eso confundió el mensaje.”

El desmentido no bastó para frenar el debate. David Sacks, conocido inversor de Silicon Valley y actual asesor en políticas de IA del expresidente Donald Trump, intervino en la discusión a través de X. “No habrá rescate federal para la inteligencia artificial”, escribió. “Estados Unidos tiene al menos cinco compañías que desarrollan modelos de frontera. Si una fracasa, otras ocuparán su lugar.” En su mensaje añadió que el gobierno debería centrarse en simplificar los permisos y mejorar la generación de energía, no en subvencionar empresas privadas.

There will be no federal bailout for AI. The U.S. has at least 5 major frontier model companies. If one fails, others will take its place.

— David Sacks (@DavidSacks) November 6, 2025

Poco después, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, publicó su propia respuesta en la misma red social, alineándose con Sacks y desmarcándose de la propuesta inicial de su CFO. “No tenemos ni queremos garantías gubernamentales para los centros de datos de OpenAI”, escribió. “Creemos que los gobiernos no deben elegir ganadores o perdedores, ni los contribuyentes deben rescatar a las empresas que toman malas decisiones de negocio.”

Altman sí reconoció que las conversaciones sobre préstamos con respaldo estatal existen, pero en un contexto distinto: el del apoyo a la construcción de fábricas de semiconductores en territorio estadounidense. Según explicó, OpenAI y otras compañías respondieron al llamamiento del gobierno para fortalecer la industria nacional de chips, aunque sin presentar una solicitud formal.

Más allá del revuelo político, la cuestión de fondo sigue siendo cómo OpenAI planea financiar su colosal expansión. La empresa mantiene un ritmo de crecimiento acelerado, con un ingreso anualizado de unos 20.000 millones de dólares que, según Altman, podría multiplicarse por diez hacia el final de la década. Aun así, los compromisos de inversión de 1,4 billones para los próximos ocho años (principalmente en infraestructura de cómputo y adquisición de chips de última generación) han generado dudas entre analistas e inversores.

Altman intenta proyectar optimismo. En su mensaje afirmó que la compañía se siente confiada en su “capacidad para generar valor sostenido” gracias a la expansión de sus servicios empresariales, nuevos dispositivos de consumo y proyectos en robótica. Su visión es la de una OpenAI que pasa de ser una empresa de software a convertirse en un actor industrial integral, con control sobre la cadena de producción tecnológica que sostiene sus modelos de inteligencia artificial.

No obstante, el episodio evidencia lo delicado que resulta el equilibrio entre la innovación y la dependencia del sector público. En una época en la que los gobiernos buscan fomentar la IA sin comprometer los fondos públicos, la sugerencia de una “red de seguridad” estatal para una de las empresas más influyentes del mundo era, cuando menos, explosiva. La rectificación llegó rápido, pero el debate que abrió —sobre quién debe pagar la factura del futuro de la inteligencia artificial— está lejos de cerrarse.